- Desde La Vorágine, y a pesar de conocer de la irrelevancia del Parlamento de Cantabria, denunciamos la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática y apostamos por seguir haciendo pedagogía para develar el origen franquista del poder, pero también de los traumas que arrastramos como sociedad.
Las leyes de memoria histórica en España tienen una lamentable y corta vida. Incumplidas sistemáticamente, incluso por los partidos que las aprueban, son parte de ese paquete legislativo que se utiliza como munición en la llamada “guerra cultural” pero que no parece susceptible de cumplimiento.
La memoria histórica, en realidad, sólo ha sido rescatada, defendida y difundida por la sociedad civil. Supervivientes, familiares, asociaciones memorialistas y defensoras de derechos humanos han hecho lo que el Estado autodenominado democrático ha esquivado desde que el dictador decidió morirse.
Las leyes han llegado tarde y no se cumplen. Un buen ejemplo está en lo más básico: el nomenclátor de ciudades y pueblos y los monumentos públicos y placas que siguen homenajeando a los protagonistas de la pesadilla contra la ciudadanía. Lo siguiente serían las víctimas de desaparición forzada, cuyos cuerpos son rescatados y —cuando aún es posible— identificados a cuenta gotas. Ya no hablemos de crear asignaturas en la educación pública que mitiguen la amnesia inducida o de una reparación que cuando llega lo hace en forma simbólica y raquítica. De los otros tres elementos de la fórmula básica de los derechos humanos —la verdad, la justicia o las garantías de no repetición— no hay rastro en este país construido sobre el olvido y la convivencia con lo(s) innombrable(s).
Las dos leyes estatales (2007 y 2022) han llegado tarde y con mucha precariedad en sus alcances y no se cumplen en la mayoría de sus preceptos. No se podía esperar nada muy diferente de la ley cántabra de Memoria Histórica y Democrática, tan parcial como las anteriores y que entró en vigor en noviembre de 2021. En año y medio, hasta que se produjo el cambio de Gobierno, muy poco se avanzó en la implementación de la ley, y con la llegada del Partido Popular y el empuje narrativo de sus socios de Vox la ley tenía sus días contados. Ya no les basta con vaciarla de dotación presupuestaria —como hizo Mariano Rajoy en 2011 al llegar al poder—. Ahora, en este momento de crecida ultraderechista, quieren aplastar el leve esfuerzo hecho con la ley para ponernos al día en su retroceso global en materia de derechos humanos básicos.
El Partido Popular de Cantabria, como siempre que quiere inundar de bilis la discusión pública, con su diputado Íñigo Fernández, situado a la derecha de Vox, ha tirado por tierra los trabajos de las comisiones de verdad de Sudáfrica, Canadá o Perú —según él, una Comisión de la Verdad “es incompatible con las instituciones democráticas”— y ha anunciado que en octubre la ley de memoria histórica será un mal recuerdo para los herederos de la dictadura. Según adelanta, bastarán tres artículos para echar una capa más tierra sobre fosas y olvido. Eso sí, en el discurso de Fernández ante los medios de comunicación la palabra ‘democracia’ apareció tantas veces como ‘libertad’ en el de Isabel Díaz Ayuso. Dime de qué presumes…
El empeño de derogar las leyes de memoria histórica tiene dos objetivos. Uno es la “guerra cultural”, sin duda. La narrativa es importante y todo lo que huela a derechos humanos es como mentar al demonio en las sedes del PP y de Vox. Otro, y muy importante, es defender su herencia y tapar su origen. Si hacemos un escaneo de nombres, historias familiares y orígenes de fortunas y poder, en muchos casos de los relacionados con el Partido Popular el franquismo está detrás.
Si una buena parte de las grandes empresas españolas se beneficiaron de las prebendas y/o del trabajo esclavo de los presos republicanos, una buena parte del poder político del país está en manos de los herederos del franquismo. Unos son herederos directos —de apellido—, otros son herederos pragmáticos —de hecho—, otros son herederos románticos —añoran aquellos tiempos de moral y políticas del nacionalcatolicismo aunque nunca figuraran en las listas de los grandes beneficiarios—.
En 2024, cuando la Asociación Católica de Propagandistas es propietaria de medios de comunicación o cuando el gobierno de Madrid recibe con los brazos abiertos al ultra Milei, las leyes relacionadas con los derechos humanos sobran. Todas.
Lo preocupante es que la sociedad está tan golpeada, adormecida, anestesiada y confundida que la capacidad de reacción —democrática— es muy pobre. Desde y en La Vorágine nos resistimos a la tentación de pensar que lo que ocurre en el Parlamento de Cantabria realmente es importante, pero sí sabemos que es un espacio más de disputa por parte de la ultraderecha (da igual con qué siglas se presente). Así que denunciaremos y denunciamos lo que está ocurriendo y apostamos por seguir haciendo pedagogía para develar el origen de los poderosos, pero también del nuestro como sociedad.
Somos débiles desde el punto de vista democrático porque nacimos como sociedad lastrados por un franquismo estructural. La Transición no supuso recambio ni limpieza dentro de un sistema putrefacto de nacimiento. Las mejores fueron ejecutadas, encarceladas hasta su desactivación o expulsadas fuera de la Península hace muchas décadas. Los partidos que protagonizaron esa Transición tienen la mochila cargada de las piedras del olvido.
Por tanto, nos corresponde a nosotras, a la gente, renacer, volver a construir sociedad desde cierta soledad y desde una clara periferia. A eso no renunciamos. Tampoco a nuestra memoria, que está intacta y cada día parece más fresca.
Que deroguen… que la memoria no se borra por mucho que lo intenten.
