- Los firmantes del Manifiesto por la Ley de Memoria Histórica de Cantabria señalan la urgencia de que una ley que esté acompañada de la dotación presupuestaria suficiente
- Solicitan al Gobierno que la ley cubra desde el golpe de Estado de 1936 hasta la publicación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Cantabria, el 1 de febrero de 1982).
Hasta 18 organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales de la región han presentado esta mañana el Manifiesto por la Ley de Memoria Histórica de Cantabria. El manifiesto ha sido firmado por organizaciones memorialistas como el Colectivo Memoria de Laredo, Desmemoriados o la Plataforma por la III República, sindicatos como CCOO, CGT, STEC o UGT, colectivos sociales como Asambleas Feministas de Cantabria, Cantabria No Se Vende, Alega Cantabria, Mujoca o La Vorágine, y organizaciones políticas como ACPT, CNT Santander, Partido Comunista, Cantabristas, Juventudes Socialistas o Izquierda Unida.
En un acto celebrado esta mañana a las puertas del Parlamento regional, los firmantes han presentado el manifiesto en el que se explica que “esta ley llega tarde” y es, precisamente por esa razón, “que es más urgente aún no sólo la aprobación de la ley, sino de una memoria económica que la dote del presupuesto necesario para su efectiva y real ejecución”.
Las organizaciones de la sociedad civil cántabra explicaban que su apoyo a la Ley de Memoria Histórica presentada por el Gobierno regional es un “apoyo crítico”: “El proyecto de Ley de Memoria de Cantabria aún no es el que querríamos, pero apoyamos su aprobación porque ni el tiempo, ni las víctimas, ni esta sociedad pueden soportar más atrasos”.
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Carmen Alquegui Lanas, una de las portavoces, ha insistido en que la experiencia con la ley estatal de memoria vigente es la del incumplimiento por parte de las propias instituciones, por lo que “la sociedad cántabra estará vigilante”.
Además, en el manifiesto se exige una memoria económica que acompañe a la Ley, los firmantes han exigido que el periodo que cubre la ley tenga en cuenta “las violaciones de derechos humanos contra civiles por razones políticas, sociales, religiosas, sexuales o sindicales cometidas hasta la publicación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Cantabria (1 de febrero de 1982)”. Las organizaciones firmantes también insisten en que hay que eliminar las tibiezas de la exposición de motivos del proyecto de ley para Cantabria y hablar de golpe de Estado, de verdugos y de víctimas, sin equidistancias”.
Una vez presentado el manifiesto, éste ha sido registrado en el Parlamento a nombre de la presidencia de la institución y con la petición de que sea entregado a cada grupo parlamentario. Las organizaciones anunciaban, además, que estarán atentas al debate en el pleno y denunciaban que “la actitud de los partidos de la oposición en Cantabria es negacionista, en unos casos, y lamentablemente ambigua, en otros. Cualquier posicionamiento contra la Memoria histórica y democrática es anticonstitucional, atenta contra los principios básicos de los derechos humanos y va en contravía de los informes y recomendaciones de Naciones Unidas en esta materia”.
