Estimad@s compañer@s y amig@s
El gobierno de Mariano Rajoy acaba de pasar el ecuador de la legislatura y en estos dos años ha dejado un triste balance: una reforma laboral que ha triturado los derechos de los trabajadores, que ha contribuido a ampliar el paro y a crear un precariado cuyas condiciones poco tendría que envidiar el proletariado de hace más de un siglo; fuertes recortes en servicios sociales y asistenciales, en investigación y en cultura; continuos ataques a lo público, privatizaciones… Todo ello mientras se inyectaban fuertes capitales a la banca privada y a la sombra de lacerantes casos de corrupción que constituyen una tremenda ofensa para quienes hemos venido soportando sus recortes y privatizaciones. Y todo ello también fuertemente contestado en la calle mediante huelgas, manifestaciones, concentraciones, ocupaciones, escraches; cualquier medio a nuestro alcance para intentar detener –siempre pacíficamente- sus brutales agresiones.
Hasta ahora el gobierno de Rajoy ha resistido el empuje de las movilizaciones combinando un discurso que culpabilizaba al anterior ejecutivo e imponía la necesidad de enderezar el barco en la tempestad de la crisis, con una ya fuerte represión (cargas policiales, detenciones, maltratos, multas). No ha conseguido, sin embargo, acallar las protestas desde todos los sectores, las voces que ponen cada vez más en entredicho sus constantes apelaciones al supuesto apoyo de la mayoría silenciosa que les dio el mandato. Por eso ahora, cuando comienzan la segunda parte de la legislatura en la que aún pretenden seguir aplicando reformas (2ª vuelta de la reforma laboral y de las pensiones), rescates y privatizaciones, pero en la que quieren también recomponer su imagen como eficaces gestores de la crisis (aprovechando unos indicadores macroeconómicos que en nada favorecen a l@s trabajadores, pensionistas y ciudadan@s empobrecid@s), se proponen acallar la calle, silenciar las movilizaciones, amordazar las protestas.
Ya hace un año la ley de tasas judiciales limitaba la capacidad de recurrir a la justicia a l@s más vulnerables, disuadiendo a l@s trabajador@s de recurrir despidos o a l@s activistas de denunciar agresiones y recurrir multas. Pero en los últimos meses estamos asistiendo a un verdadero asalto a las libertades democráticas con la aparición en el horizonte de tres leyes: la Reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Servicios Mínimos.
La Reforma del Código Penal se propone la criminalización generalizada de la movilización social, considerando conductas delictivas cualquier resistencia a la represión, la desobediencia a la autoridad de la policía e incluso de la seguridad privada o el apoyo o difusión de manifestaciones que la autoridad considere (de manera arbitraria) que alteran el orden público. Ello además de condenar el apoyo cotidiano a los “sin papeles” o la venta a manta y de reintroducir la cadena perpetua bajo el eufemístico nombre de “prisión permanente revisable”. La Ley de Seguridad Ciudadana considera faltas o infracciones administrativas graves sancionadas con astronómicas multas (muchas imposibles de pagar de por vida por la mayor parte de los posibles sancionados) las manifestaciones no autorizadas, las concentraciones frente al Congreso e instituciones públicas estatales o autonómicas, los escraches frente al domicilio de políticos o la grabación y difusión de imágenes de policías en “el ejercicio de sus funciones”, es decir, reprimiendo. Finalmente, el aún poco definido proyecto de Ley de Servicios Mínimos pretende regular el derecho de huelga estableciendo amplios servicios mínimos obligatorios en todos los sectores, sean o no imprescindibles, con la clara intención de convertir la huelga en un arma descargada e inútil.
Estamos pues ante un proceso de verdadera involución democrática, de recorte de las más elementales libertades de expresión y manifestación, que debemos detener. Ya no se contentan con la manipulación informativa a la que contribuyen los principales medios. A día de hoy, antes ya de la aprobación de estas leyes, la represión alcanza a algunos periodistas comprometidos con la verdad, que intentan dar voz y mostrar a los que luchan. A día de hoy se denuncian casos de listas negras de activistas, de detenciones preventivas ante convocatorias de movilización, de métodos de detención que recuerdan demasiado a los practicados por la policía franquista, como es el caso de los de los 17 jóvenes detenidos por agentes de paisano a las 6 de la mañana en sus domicilios de Madrid (“Què volen aquesta gent que truquen de matinada?), acusados sin pruebas (algunos pueden demostrar que estaban en sus trabajos o ni siquiera en Madrid) de participar en la protesta antifascista del 20 de noviembre en la Universidad Complutense.
Por todo ello, un grupo de personas a título individual hemos decidido iniciar la construcción de una organización de carácter asambleario que sirva de instrumento para canalizar la resistencia, vencer el miedo y defender a los represaliados por luchar por los derechos de tod@s; para lo cual hemos quedado en vernos el viernes día 13 de diciembre a las 7,30 en la librería La Vorágine (Calle Cisneros, 15 bajo) para constituir la Asamblea en defensa de las libertades democráticas y contra la represión.
¡Esperamos tu asistencia! ¡Tod@s somos necesarios!
El orden del día que proponemos (y que podrá ser modificado en el acto mismo) sería:
1.Objetivos y nombre de la Asamblea // 2. Elaboración y aprobación del manifiesto identitario// 3. Tareas inmediatas y herramientas // 4. Estrategia y agenda.
