COVID-19, el virus de la era neoliberal

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COVID-19, el virus de la era neoliberal

COVID-19, el virus de la era neoliberal


Mario Espinoza Pino

Filósofo e investigador social. Miembro del Instituto DM y la Fundación de los Comunes.


Toda época es víctima de sus propias pandemias. Enfermedades que irrumpen de manera masiva, reventando los diques de lo previsible y las costuras de la normalidad. Su virulencia es tal, que cuando aparecen nos impiden escondernos, no nos dejan mirar para otro lado ni ponernos del todo a salvo. Como un seísmo que remueve las hechuras de la tierra, lo alteran todo a su paso. Ni siquiera dejan en pie nuestros razonamientos más acostumbrados, aquellos que solían brindarnos cierta estabilidad y familiaridad antes de los primeros contagios. Imaginemos fenómenos epidemiológicos como la peste, la viruela, el cólera, el sida o la gripe a lo largo de la historia. Pensemos ahora en el COVID-19. A pesar de parecer mucho menos agresivo y letal en comparación con otras epidemias, el shock que ha provocado es comparable –y lo que está por venir–.

Las pandemias siempre albergan una dimensión recurrente y otra novedosa. Esta última se halla asociada a la incertidumbre que provocan: microorganismos desconocidos, diferentes escalas de contagio y una coyuntura imprevisible que debe ser controlada. Las narrativas epidémicas se parecen más de lo que creemos. Desde la Plaga de Justiniano y la Peste Negra a la Gripe Española, muchas imágenes se repiten: calles vacías, tráfico interrumpido, comercio paralizado y el confinamiento forzado de la población. De la peste proviene esa visión –que sigue haciendo fortuna en los discursos oficiales– de una muerte que amenaza por igual a ricos y pobres, a mansiones y hogares humildes. Sin distinción de cuna o clase. Su imagen ejemplar la tendríamos en el ‘Triunfo de la muerte’ de Pieter Brueghel, donde la guadaña de la parca iguala a todos los estratos sociales.

Lo cierto es que esa imagen absoluta de la plaga, aunque espectacular, no deja de ser especiosa. Las epidemias no son meros fenómenos naturales: emergen en una sociedad específica con unos rasgos económicos y políticos bastante definidos, exponiendo más a unos individuos que a otros a su mal. Los más vulnerables a padecer la enfermedad y a sufrir las peores consecuencias siempre son aquellos que cuentan con menos recursos. Por ello Justiniano I, Emperador de Bizancio, superó la peste bubónica que azotó Constantinopla en el 541. Mientras tanto, 10.000 personas morían diariamente en las calles de aquella ciudad. Y por razones parecidas fueron centenas de obreros y pobres londinenses quienes murieron de cólera en 1854, después de beber de una fuente pública contaminada en Broad Street. A la aristocracia y la alta burguesía del West End no le sucedió nada. Sus barrios estaban limpios y sus tuberías y alcantarillado saneadas. En definitiva, la clase social importa. Y mucho.

Los ejemplos aludidos, que nos hablan de desigualdad, pueden multiplicarse históricamente. Y hoy elevarse a escala global. La OMS elabora anualmente un listado de las amenazas a la salud mundial, la mayoría de ellas alejadas de Europa, Estados Unidos y los Estados centrales de la economía–mundo capitalista. En 2018, el cólera, la difteria, el paludismo y la fiebre amarilla fueron calificados de amenaza por parte del organismo mundial. En 2019 lo fueron el dengue y el ébola junto con dos fenómenos más conocidos en el Norte global: la contaminación y la gripe. Prácticamente todas las enfermedades que suponían una amenaza sanitaria tenían lugar en África, América del Sur, América Central y el Sudeste Asiático. La gripe, sobre cuyas posibles pandemias no ha dejado de alertar la OMS, siempre ha constituido un mal transversal: un mundo interconectado, con redes de comunicación tan tupidas, facilita el contagio de cualquier virus. Aunque cualquier brote epidémico siempre generará un impacto mucho mayor donde los sistemas de salud y la vida son precarios –como señala también la organización, la pobreza y los conflictos armados son focos de enfermedad desde un punto de vista más integral de la salud–.

Como podemos ver, existe una clara distribución desigual de las enfermedades a escala global, correlativa –como no puede ser de otra manera– a la distribución de la riqueza. Esa distribución, reforzada por una aguda polarización social tras cuatro décadas de políticas neoliberales, también configura nuestra percepción: además de ser clasista, la opinión pública mainstream del “primer mundo” desdeña lo que sucede más allá de sus fronteras nacionales –sobre todo cuando se trata del “patio trasero” del planeta–. Hasta ahora las mesocracias de los países ricos, con sus sistemas de salud, equipamientos sanitarios y métodos de profilaxis social habían estado a salvo de cualquier pandemia que no fuese una gripe estacional –incluso el término pandemia resultaba bastante ajeno para la mayoría–. El coronavirus lo ha cambiado todo. Con su foco inicial en China y una enorme velocidad de contagio, ha hecho saltar por los aires las previsiones de los Estados europeos. Lo que del día a la mañana ha replanteado las relaciones entre la ciudadanía, el mercado y el Estado desde parámetros excepcionales. Conviene explorar las dimensiones gubernamentales, subjetivas y económico–políticas de esta nueva fase de crisis.

Gobernanza neoliberal: soberanía y excepcionalidad

Los Estados afectados por la pandemia se han enfrentado a ella desde distintos enfoques y presupuestos. Estos han cambiado según se han ido desarrollando los acontecimientos. Como ha señalado Sandro Mezzadra, Boris Johnson –primer ministro de Reino Unido– apeló inicialmente a la estrategia de la “herd immunity” (inmunidad de rebaño) con un enfoque “malthusiano”. Un contagio controlado que ponía el acento en priorizar el funcionamiento de la economía y trabajar sólo sobre grupos de riesgo. Trump se colocó también en ese ala. No obstante, cuando la tasa de infectados se convirtió en una amenaza global, estas posiciones se abandonaron, aproximándose a las de otros Estados europeos. Siguiendo el ejemplo de China, países como Italia, España o Francia han utilizado sus poderes soberanos para intervenir directamente sobre la población y paralizar la vida cotidiana. En Alemania ha sido diferente: su política preventiva de testeo parece haber dado resultados, y las medidas aplicadas aún no son tan restrictivas como las de sus Estados vecinos. Pero por regla general, la tasa de contagios, el desborde de los sistemas sanitarios –especialmente en Italia y España– y el aumento del número de fallecidos marcan una agenda excepcional con medidas inéditas en pleno siglo XXI.

El COVID-19 ha puesto patas arriba el mundo conocido por la mayoría de ciudadanos europeos de golpe. Tras el aumento exponencial de las tasas de contagio, las medidas de los Estados han sido cada vez más expeditivas frente al virus. Y también más problemáticas desde el punto de vista de los derechos y libertades civiles. Italia, España y Francia han declarado el Estado de alarma para frenar el ritmo galopante de afectados por el coronavirus. La libertad de movimiento ha quedado suspendida y el confinamiento colectivo sustituye hoy, como imagen distópica, al bullicio de las metrópolis neoliberales. El objetivo prioritario es “frenar la curva” de afectados por el virus, terminar con la expansión de la pandemia evitando el contacto. Algo que está exigiendo un esfuerzo social sobrehumano debido a la ralentización de la economía. Aunque, cómo no, este esfuerzo esté repartiéndose de manera desigual: el confinamiento es infinitamente más problemático para quien tiene pocos ingresos o se encuentra en situación de pobreza. No debe olvidársenos que las metrópolis neoliberales –New York, Londres, París o Madrid– ya eran en sí un espacio bastante distópico antes del brote del Covid-19. Enclaves poblados por la precariedad y atravesados por fracturas de clase que no han hecho más que profundizarse tras la crisis de 2008. Una crisis cerrada en falso.

Siguiendo una metáfora de Robert Castel, podríamos decir que antes del COVID-19, el neoliberalismo ya tenía su propia epidemia en el virus de la precariedad. Un mal social que admitía, mucho antes de la declaración de Estado de alarma, su propio régimen de excepción para ciertos grupos considerados como socialmente excedentarios o marginalizables. Colectivos desprotegidos integrados por trabajadores pobres, desempleados, migrantes, trabajadoras domésticas, hogares monomarentales, refugiados, personas sin papeles, dependientes, etc. –las opresiones de género, clase y raza son aquí fundamentales–. El neoliberalismo, como señala Isabell Lorey, ha generado un “Estado de Inseguridad” donde las viejas coberturas del Welfare State han dejado paso a una forma de gubernamentalidad que reproduce y normaliza lo precario como condición social. Las clases medias, pilar orgánico de las democracias liberales europeas, no sólo no están inmunizadas contra dicha condición, sino que su desgaste tras décadas de “flexibilización laboral” y mercantilización de los servicios públicos se traduce hoy en un acusado proceso de desclasamiento.

El Estado de alarma actual, la figura jurídica que regula hoy la excepcionalidad de la emergencia sanitaria, explicita todos los problemas del neoliberalismo como paradigma económico–político. El confinamiento agrava la desigualdad y las dificultades de los hogares para afrontar una situación sobrevenida: sometidos a despidos, alquileres abusivos e hipotecas que no pueden pagar, o peor, dependientes de servicios sociales o sin hogar, este momento de excepción deja en el aire a buena parte de la población. Si algo pone en claro esta pandemia en el caso de España, y sobre todo en el de Madrid, epicentro del contagio en el país, es que la destrucción de la Sanidad Pública y su privatización en clave neoliberal merma las capacidades para contener cualquier brote vírico: el recorte de camas, plantas y profesionales obliga a la sobreexposición del personal sanitario y a la saturación de los centros hospitalarios. Las dinámicas de “acumulación por desposesión” –por decirlo por David Harvey–, tan típicas de la era neoliberal, culminan siempre en la desprotección de las mayorías y en un aumento de la vulnerabilidad social. Los beneficios de las élites se traducen en más malestar para la población.

Por otro lado, y continuando con el caso español, la soberanía biopolítica del Estado no deja de manifestar su paradójica arbitrariedad. Mientras se decreta el confinamiento de la población para cortar la pandemia y se militariza la sociedad para mantener la estricta observancia del Estado de alarma, la producción ha tardado en paralizarse –los contagios se han incrementado– y tampoco se han asumido aún medidas verdaderamente estructurales para paliar el desastre social que provocará el coronavirus. Se tomen mejores medidas o no, está claro que las contradicciones entre capital y vida son cada vez más patentes en este nuevo escenario, y obligarán a cualquier Estado y sociedad –lo veremos más adelante– a enfrentarse a todas las tensiones de esta dicotomía en una coyuntura de resolución incierta: asediada tanto por el desastre como por el anhelo de una redistribución radical de la riqueza que garantice la vida.

Una intimidad cautiva

En un lapso sumamente rápido de tiempo, millones de personas se han visto confinadas en sus hogares debido a la crisis del COVID-19. Los teléfonos móviles, el correo electrónico, las redes sociales y diversos foros on line han asumido un rol más prominente de lo habitual como canales de expresión individual y colectiva. También son uno de los principales focos de desinformación social y difusión de fake news –una mina de oro para la extrema derecha–. El pánico social provocado por la pandemia se ha alimentado de noticias racistas, exageradas, fraudulentas y todo tipo de teorías de la conspiración respecto del virus, incrementándose una tensión que –debido al Estado de alarma– sólo puede escenificarse de puertas para adentro o, a lo sumo, en el balcón. Todo el mundo se ha convertido en un epidemiólogo amateur, aceptando los relatos más próximos a sus convicciones sin excesivo contraste. Así funciona la inmediatez emocional de las redes: una esfera pública populista y vertiginosa que también difunde sus mensajes por contagio. Y que en coyunturas de pandemia se vuelve altamente volátil.

Las reacciones a los primeros días de encierro y confinamiento han sido tan diversas como la propia ciudadanía. Más allá de la ronda de culpabilizaciones y la rabia por la incapacidad de previsión de la epidemia, se han difundido todo tipo de mensajes: algunos con ese espíritu de coaching que nos hablan de “aprovechar la oportunidad” o que nos piden inundar la red de “mensajes positivos”, a otros que hablan de “arrimar el hombro” de manera bastante apolítica. Incluso hay quienes entienden el coronavirus como “cura de humildad” o como “desastre natural” del que hay que aprender algún tipo de verdad espiritual -todo ello junto a discursos y vídeos que que abogan por la resiliencia en clave personal–. Todo esto no deja de señalar las debilidades de una subjetividad neoliberal atomizada, narcisista e hiper–individualizada, cuya libertad ha quedado reducida a la multiplicación de formas de consumo en el mercado y a la invención de prótesis para el ego o pseudo–relatos de redención.

Por suerte, también hay quienes intentan poner en el centro demandas sociales, el cuidado colectivo, la solidaridad y el apoyo mutuo –redes que cuidan y ofrecen apoyo, que confeccionan mascarillas o realizan campañas para luchar por los derechos de todos–. En cualquier caso, es habitual que las dimensiones individuales, colectivas, los placebos, el auto engaño y las muletas para la autoestima se mezclen en mayor o menor medida: afrontar un confinamiento no es fácil, sobre todo cuando el miedo al contagio acecha fuera y nuestros seres queridos no están con nosotros (o están a nuestro cargo). En estas circunstancias, una profunda ambivalencia atraviesa la sociedad y saca lo mejor y lo peor de las personas durante el confinamiento. Lo mejor: los aplausos colectivos en los balcones en apoyo a la Sanidad Pública y en busca de calor colectivo, una forma distanciada de protesta o un rito de colectivización de la incertidumbre de la situación. En los balcones se da una cierta “economía moral de la multitud” –al decir de E. P. Thompson- harto ambigua. A veces muestra su rostro más emancipador, cuando lucha por los servicios públicos, otras un espíritu difuso de unidad nacional –instrumentalizable por las derechas–, pero que en cualquier caso busca reconectar con los demás.

Quizá lo peor venga de parte de la ideología militar que acompaña al Estado de alarma, y que no deja de escenificarse como una “guerra contra el coronavirus” en los discursos oficiales. Esa mirada belicista bloquea cualquier cuestionamiento de la autoridad e inhibe cualquier tentativa crítica. Expresa una obediencia proporcional al miedo al contagio y a todo lo que este conlleva. Pero además permite la exaltación de las pulsiones autoritarias de la gente, que identificándose con la ley o el deseo del soberano, convierten sus balcones en el Panóptico de Jeremy Bentham del que hablara Foucault: un lugar de delación, de observación punitiva o de insultos y amenazas ante quienes podrían infringir la ley –aunque quien mira no sea consciente de las necesidades del que camina por las calles–. Así, hemos podido ver vítores en los balcones aplaudiendo intervenciones desproporcionadas de la policía o insultos a personas que tenían necesidad de atravesar las calles o pasear por zonas poco transitadas –desde quien viene de hacer la compra a personas psíquicamente diversas–. También hemos podido ver en las redes varios casos de arbitrariedad y violencia policial injustificada. Y es que el Estado de alerta, sin una ciudadanía que haga de contrapeso, puede convertirse en la peor distopía represiva.

¿Un punto de no retorno?

Las consecuencias económico–políticas de la crisis del COVID-19 serán terribles. No habrá un retorno a la normalidad tal y como la conocimos. En cierto sentido, aquella normalidad formaba parte del problema, un problema que la pandemia no ha hecho más que acelerar. Nuestro escenario económico global no había salido de la Gran Recesión. La contracción económica de 2008 y las drásticas medidas de austeridad en Europa no han hecho más que abonar un terreno propicio para una nueva crisis aún mayor –y con menos protecciones sociales–. El problema actual no deriva de las finanzas, sino de la economía real: la ralentización de China, taller del mundo, y la posterior parálisis de las economías afectadas por la pandemia, auguran unas serie de caídas del PIB que empequeñecerán lo padecido tras la crisis de las subprime. Sin una intervención pública decidida, sufriremos en cascada varios shocks económicos: del lado de la oferta, por el freno a la producción y la distribución, del lado de la demanda, por la contracción al gasto y el consumo, y finalmente un colapso financiero de enorme magnitud.

El economista Pierre Olivier Gourinchas ha llegado a afirmar que si la economía se frena en un 50% el primer mes, y el 25% los dos meses posteriores, la caída del PIB anual podría ser 8,35% . Si no más. Así las cosas, parece difícil que con medidas monetaristas de expansión cuantitativa vaya a poder hacerse algo contra la crisis en la que nos sumimos, una crisis que, como han recordado recientemente Isidro López y Emmanuel Rodríguez, vienen anunciándose desde hace tiempo por las debilidades del proceso de acumulación, inversión y un dopaje monetario que no ha reactivado ningún ciclo productivo fuerte ni a escala europea ni global. El coronavirus, como decíamos, sólo ha acelerado inercias sistémicas del capitalismo global. En un lugar como España, la tímida reactivación del flujo económico de los últimos años sólo ha servido para reestructurar el clásico triángulo productivo financiero, inmobiliario y turístico, generando una burbuja del alquiler. Si no se desarrolla un plan integral para salvar a la población, un plan de choque social a escala europea, difícilmente podrá salirse de una situación de estancamiento total y de un empobrecimiento masivo.

En medio de la parálisis económica, el confinamiento colectivo y la situación precaria de múltiples hogares, el futuro próximo cae bajo la sombra de una gran incertidumbre. Una repetición en la UE de las falsas soluciones de la Gran Recesión, generando un nuevo contexto de endeudamiento en condiciones lesivas y posterior austeridad, sólo empeorará las cosas. Ensanchará aún más las diferencias entre norte (Alemania, Holanda, Austria) y sur (Italia, España, Grecia, Portugal) y dejará en la estacada a millones de familias, poniendo en riesgo la existencia misma de la UE. Como mínimo las salidas deberían partir de un plan que suspenda el pago de alquileres, hipotecas, impida los despidos y asegure una Renta Básica de cuarentena a todos los hogares –renta que dure de manera indefinida, como poco, hasta la salida de la crisis–. Pase lo que pase, habrá que reinventar formas de lucha social y huelga en este difícil período.

Mirando hacia el pasado, podríamos pensar en el coronavirus como la gran pandemia del neoliberalismo, una enfermedad que marca un punto de no retorno –como la peste negra marcó el final del feudalismo–. Pues no hace más que poner en el centro y de manera aguda las contradicciones existentes entre el capital y la propia vida. Immanuel Wallerstein señaló, no mucho antes de dejarnos, que estábamos cruzando el Rubicón del capitalismo histórico. El punto de bifurcación se resolvería à la Marx, con redistribución de la riqueza, igualdad y un sistema mundo más democrático, o à la Hobbes, en un interregno autoritario que daría lugar a un sistema anti–democrático, tiránico y más desigual. Está claro que el Estado de alarma impuesto por la cuarentena no ofrece un panorama halagüeño –tampoco la extrema derecha y los soberanismos reaccionarios–. Pero la gente que protesta en sus balcones, que construye redes de apoyo mutuo y busca crear comunidad más allá de las dificultades, insiste en la esperanza. Esperanza y deseo no de volver a la normalidad –esa normalidad destructiva con el planeta y la sociedad que nos ha traído hasta aquí–, sino de romper con el estado de sitio al que nos ha conducido el capitalismo, haciendo valer el derecho a una vida digna por encima de cualquier variable económica.

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