La cosa sería así. El modelo de Estado capitalista contemporáneo que conocemos ha instalado una dicotomía entre propiedad pública y privada. Pero hay un tercera opción que nos permite escapar de esa trampa: los comunes. Y los comunes, los bienes comunes no son, en sí, un sistema de gestión política, sino una plataforma no propietaria para entender nuestras ciudades y, en ellas, nuestras sociedades.
El filósofo zaragozano Pablo Lópiz ha puesto estos temas fundamentales sobre la mesa común de Conglomeradas, las jornadas que ponen en cuestión el espacio urbano en Santander. Lópiz ha insistido en que el reto es inventar tecnologías políticas que permitan gestionar de forma democrática lo común.
“La democracia no requiere de arquitecturas propias, sino que es un modelo de gestión de las arquitectura existentes. La democracia lo que sí necesita es de tecnologías políticas propias. Debemos inventar nuevas tecnologías políticas para gestionar las ciudades desde la perspectiva de lo común”, planteaba Lópiz después de hacer un recorrido rápido y complejo sobre las bases del sistema de acumulación de capital económico, cultural, guerrero y simbólico en el que se plantean estas alternativas. También ha alertado ante el peligro de la fobia a toda forma de Estado, cuando “el Estado no es necesariamente una estructura que tiende al fascismo, sino un espacio donde es producen los conflictos y que hay que gestionar”.
Lo común no es una tercera vía
Bru Laín, del de Observatorio Metropolitano Barcelona (OMB), ha cuestionado que el planteamiento “de lo común” como una forma “reactiva” ante los procesos actuales de privatización y desposesión en el marco de la crisis del reino de España. Laín, que ha compartido las experiencias históricas de “lo común” en Barcelona, desde las expropiaciones, las cooperativas, los ateneos obreros, el nacimiento de las cajas de ahorros agrarias, el asociacionismo vecinal… El Observatorio, que participa de la Fundación de los Comunes, tras investigar los diferentes periodos históricos de la construcción de la ciudad de Barcelona, plantea que el “nuevo ciclo de movilización y protestas” (protestas antiglobalización, 15M, etcétera) que no son necesariamente reactivas sino que “buscan la protección de la propiedad público-común, el diseño de nuevos protocolos de gestión de esa propiedad y cómo eso revierte en una democrática real, más directa, con más control…”. Sería el nacimiento de un nuevo “sujeto urbano”.
“Lo común no es una tercera vía entre lo público y lo privado, no son prácticas empresariales precarizadas camufladas de ‘buenismo ciudadano’, ni es un nuevo ‘pacto social”. El OMB apuesta a una doble dimensión: una que tiene que ver con recursos o bienes materiales; otra que apunta a los modos de organización y movilización. Como recursos material, Laín ha apuntado tres tipologías: propiedad pública y uso común (centros cívicos, zonas verdes, sanidad…); propiedad común y de uso común (casas okupadas, centros sociales autogestionados, espacios abiertos digitales, etc…), y espacios privados de uso común (Coop57, Huertos, instalaciones de la PAH, etc…). La segunda dimensión de lo común que define el OMB la entiende como “las instituciones sociales que, más allá del modelo de propiedad, responden a demandas sociales y que se caracterizan por una gestión no mercantil de los recursos con los que operan, así como formas de compartir tiempo, bienes y conocimientos no tutelados ni por la administración pública ni por los canales del mercado”. También ha planteado Laín, en la línea de Lópiz, que la cuestión es más o menos Estado, sino más o menos democracia. Para ello, la construcción de nuevas herramientas jurídicas (para a gestión de lo común), la desobediencia como estrategia para democratizar espacios desatendidos, la gobernanza municipal donde lo publico-común sustituya el modelo (y no lo ajuste) o la consolidación de redes que superen el hiperlocalismo… son caminos que los nuevos “sujetos urbanos” exploran.
El debate
El debate en la mesa redonda ha cuestionado algunos de los imaginarios. Lópiz ha planteado que es difícil identificar como gestión común muchos de los espacios okupados ‘de primera generación’, sin embargo muchas veces la reivindicación de la implicación pública en la gestión de proyectos del común pueden ser más antagonistas que procesos de autogestión.
Ante las dudas de por qué puede ser más antagonistas este tipo de apuestas, Lópiz ha planteado que el Estado es escapista y que se puede aprovechar de la voluntad y energía de la ciudadanía organizada para mantener los “servicios comunitarios a coste cero”. Jugar ese juego puede significar no cuestionar el papel de ayuntamientos y de otras instituciones. “El problema no es lo que recibes (del Estado) sino a qué te comprometes a cambio. Y el tema es no comprometerse a nada, pero para eso hay que tener una capacidad, un modelo de gestión democrática interno, base social….”, retaba Lópiz.
Entre las personas participantes, se ha generado un cuestionamiento fuerte respecto a la relación con el Estado. Algunas han cuestionado esta postura, “porque recibir del Estado puede ayudar, precisamente, ha fortalecer la acumulación simbólica de los poderes clásicos” y porque “vemos que muchos de los que entran en las instituciones para tomar el poder terminan legitimando el sistema”.
Retomando el concepto del común… Lópiz ha planteado que le interesa “la gestión de lo común” como sistema de producción anticapitalista, no mercantilista, pero la definición y la realización “la tendremos que hacer entre todas, en común”.
Este es una pequeña síntesis de una tarde que, evidentemente, ha sido más compleja.
Podéis escuchar todo lo charlado en a mesa redonda sobre La Gestión de lo común en las ciudades en este enlace.
